Entrevista | Luis Lander: Tomar una decisión ahorita de no participar en elecciones, sería anticipado

Luis Lander es ingeniero, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Directorio del Observatorio Electoral Venezolano, organización que viene haciendo seguimiento a los procesos electorales en desde el año 2012. En momentos en que se realiza la ronda de negociaciones en República Dominicana, cuyo eje central es la fecha de las elecciones presidenciales, Provea consulta su opinión sobre cuál debe ser la opinión de la ciudadanía. Lander nos responde, haciendo antes un repaso de las irregularidades de los últimos años que han limitado el ejercicio del derecho a la participación electoral.

– Deseamos iniciar caracterizando el momento convulso del país y el llamado, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, a elecciones adelantadas para presidente de la república.

– Para ubicar la situación electoral en que nos encontramos, vale la pena detenerse un momento, aunque sea rápido en la historia de los últimos años. Quizá las últimas elecciones “normales” fueron las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, aunque también hubo irregularidades, evidenciadas en el informe que realizamos al respecto, donde se pudo observar que ese proceso no fue absolutamente pulcro, tuvo sus “manchitas”, pero no tuvimos ninguna duda en validar los resultados, que fueron reconocidos por toda la sociedad venezolana. Ejemplo de eso podemos nombrar los resultados de la última circunscripción del estado Aragua, donde tradicionalmente el oficialismo ganaba con holgura y terminó ganando una candidata opositora por menos de 100 votos, resultado además muy importante porque le daba a la oposición la mayoría calificada de 112 diputados.

De ahí en adelante han pasado un montón de cosas que han hecho que el panorama electoral se haya oscurecido más. Con respecto a esa misma elección, han ocurrido una cantidad de irregularidades. En el mismo mes de diciembre, la candidata perdedera del estado Amazonas, denunció que se habían comprado votos y denunció ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encontraba de vacaciones. Esa Sala, sin tomarse mucho tiempo, estableció que había presunciones, indicios de irregularidades en esas elecciones, ordenando al CNE que desconozca los resultados y desproclame a tres diputados indígenas ya proclamados en esa entidad federal y a un diputado de la circunscripción sur. Por “casualidad” tres eran opositores y uno oficialista, lo que ocasionó la pérdida de la mayoría calificada por parte de la oposición. Aunado a ello el TSJ, dos años después, no ha dado sentencia definitiva sobre ese caso, sea que no había encontrado elementos para adelantar un procedimiento sobre esa irregularidad y por lo tanto incorporar a los cuatro diputados o bien demostrar las irregularidades y convocar de nuevo a elecciones para esa circunscripción. El resultado es que el estado Amazonas y la representación indígena del circuito sur no tienen representantes ante la Asamblea Nacional.

– Esta decisión generó un perjuicio en la actuación de la Asamblea Nacional impidiendo su normal desempeño. Por otro lado también hubo un desconocimiento por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional.

– Así es. Por otro lado en el año 2016 es importante destacar otras condiciones que evidencian el deterioro de las condiciones electorales en Venezuela. La oposición adelantó una serie de acciones como la denuncia que el presidente era colombiano, por lo que había que removerlo por no ser venezolano por nacimiento; el abandono del cargo por parte del presidente, lo que implicaría realizar unas nuevas elecciones para escoger ese cargo y la que más tuvo aceptación, porque los ciudadanos de a pie la hicieron suya,  fue la de la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial. Sin embargo el CNE a lo largo de todo el 2016, realizó todas las demoras posibles a ese proceso. Ese referéndum debería realizarse antes que finalizara el cuarto año de mandato, ya que si se realiza en los últimos dos años no se convocan nuevas elecciones, sino que el vicepresidente finaliza su período. Es importante destacar que la Asamblea Nacional está en mora respecto a normar los procesos de referéndum, por eso es que las condiciones no están del todo claras y además existe una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del año 2002 que establece que hasta que no hubiera una Ley de Referéndum es el CNE, mediante reglamento, quien establecería las normas. Esto ha convertido al CNE en juez y parte, generando lo que efectivamente ocurrió, a través de una cantidad de normativas a lo largo del proceso, que al llegar a la penúltima fase que fue la recolección del 20% de firmas correspondientes al registro electoral, siete tribunales penales de primera instancia, sin competencia electoral, deciden que hubo irregularidades en la recolección de firmas por lo que había que suspender el proceso, decisiones que fueron asumidas por el CNE.

La segunda irregularidad ocurrida ese año fue la suspensión de las elecciones regionales. Si bien es cierto que el CNE es el organismo llamado a convocar elecciones y fijar la fecha, la Constitución establece que esa convocatoria debe corresponderse al período de ejercicio de funciones de los funcionarios electos. Esto aplica tanto para Gobernadores, como a los Concejos Legislativos Estadales. Sin embargo el CNE pospuso ese proceso aduciendo imposibilidad técnica debido al llamado a referéndum revocatorio, aplazándolas entonces para el primer semestre del 2017, las cuales tampoco se realizaron debido a la sentencia del TSJ que ordenaba la validación de los partidos políticos y que hasta que no terminara ese proceso no podían llamarse a elecciones.

Para el año 2017 el presidente realiza una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y esa propuesta sí fue recogida de manera expedita por el CNE, elaborando unas bases comiciales absolutamente novedosas y tremendamente perversas: no se pueden postular partidos políticos sino candidatos por iniciativa propia, los candidatos deberían recoger un número de firmas para su postulación, proceso que no fue verificado con la rigurosidad con que fueron verificadas las firmas del referéndum revocatorio del año 2016. Además, las bases comiciales alteraron un principio básico de un elector un voto, violando este principio por dos vías, los representantes a la ANC serían unos territoriales y otros sectoriales, los territoriales por municipios, generando que municipios con 5.000 habitantes tenía la misma representación que uno de 500.000 habitantes. Por otro lado el presidente se inventó la representación sectorial, sin mayor discusión, estableciendo 8 sectores de la sociedad venezolana, se crearon además unos registros electorales sectoriales, como por ejemplo el de los pensionados, generando situaciones como que los que no tuvieran pensión del Seguro Social no aparecieran como electores, aunque existan pensionados por otras instituciones como las universidades.

– Lo que promueve situaciones de discriminación…

– Además de generar situaciones como que había electores con derecho a dos votos y electores con derecho un solo voto. Por otro lado no hubo postulaciones por parte de sectores de la oposición, siendo todos candidatos cercanos o abiertamente partidarios del oficialismo.

– En ese momento la oposición, por lo menos la más visible encarada en la Mesa de la Unidad Democrática, decidió no participar en las elecciones a la Constituyente.

– Es cierto, pero igualmente cualquier organización política tiene la libertad de decidir si participa o no en ese proceso, dadas esas condiciones. Pero existiendo esa realidad, donde todos los candidatos eran partidarios del oficialismo, el CNE no hizo una revisión de las firmas a ver si cumplían con las condiciones para ser postulados o no. Además es importante señalar que al acercarse la fecha de la elección, se fueron flexibilizando las condiciones, como el no uso de la tinta indeleble, aunque existan mecanismos más modernos para impedir la duplicidad del voto. El CNE, cercana la fecha de elección, informó que los electores podían votar en cualquier centro electoral del municipio donde estuvieran inscritos. Y ¿eso qué quiere decir? Que no existen cuadernos de votación, por lo cual no existieron registros y se permitió que los electores pudieran movilizarse y votar en varios centros electorales sin que hubiera control de eso. En ese sentido los resultados electorales fueron muy poco confiables. Por otro lado hubo dos hechos muy relevantes de ese proceso. Uno las declaraciones de la empresa Smartmatic, empresa que le venía dando apoyo técnico al CNE, donde declaró que hubo la manipulación de un millón de votos y el segundo hecho fue cómo el CNE publicó los resultados de esa elección. En la página del CNE tradicionalmente puede verse los resultados de las elecciones de manera desagregada, es decir, puede verse resultados nacionales, estadales, municipales, parroquiales e incluso mesa por mesa. Eso no pasó con la elección de la ANC, ya que la información solo está desagregada hasta el nivel de municipio, impidiendo así el derecho de los ciudadanos, como está establecido en la normativa electoral, de comparar los resultados que pudieron haber recogido cuando finaliza el proceso en la mesa donde votaron y compararlos con los publicados por el CNE, violentado así el derecho a la auditoria ciudadana.

Siguiendo con ese origen turbio de la ANC está, entre sus primaras decisiones, convocar a elecciones regionales en octubre de 2017, pero sin decir fecha. El CNE acoge el decreto constituyente y las transforma en elecciones de gobernadores, no regionales, porque no se convoca a elecciones de Asambleas Legislativas Estadales, violando una ley del 2010, donde gobernadores y diputados estadales se eligen en una misma fecha, alcaldes y concejales se eligen en una misma fecha,  para que coincidan los períodos.

– Las leyes y órdenes emitidas por la ANC están por encima del ordenamiento jurídico vigente, incluyendo el electoral

– Sin embargo la ANC convocó a elecciones regionales y fue el CNE el que sacó las elecciones de diputados a las Asambleas Legislativas del proceso electoral. Adicional a eso tenemos que el CNE, aunque acoge ese llamado para elecciones en octubre, no fija la fecha, aunque tiene la obligación de hacerlo por ley. Por otro lado el ente electoral comienza las actividades propias de todo proceso comicial sin hacer público el cronograma. Aunque pudiera ser considerado de poca importancia, no lo es, es absolutamente crucial. Cada proceso electoral tiene alrededor de cien actividades, un poco más o un poco menos, dependiendo del proceso, actividades que permiten la realización de un buen proceso electoral y hay actividades que no son para nada menores como por ejemplo la fecha de postulación de los candidatos, período de propaganda, fecha de impugnación de candidatos. Y comencé hablando de la postulación de candidatos porque cuando el CNE dijo que se iban a realizar las elecciones en octubre sin fijar la fecha, sí dijo literalmente: “mañana y pasado mañana deben postularse los candidatos”, y fue en la segunda semana de septiembre de ese año que el CNE hizo público ese cronograma, mostrando algo absolutamente insólito como es que al final de la publicación del cronograma coloca un serie “actividades previas”, lo cual es una muestra de irregularidad insoslayable.

– ¿Se hicieron una serie de actividades sin el concurso de los aspirantes y organizaciones políticas?

– Esto tuvo innegables consecuencias en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre. En esa oportunidad la mayoría de los partidos de oposición postularon candidatos, en el entendido que la unificación de candidatos, en los sitios donde fuera posible, era un proceso que podía hacerse a posteriori. Una vez hecho esto los partidos hicieron lo que está contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en cuanto a modificación y sustitución de candidaturas. En ese sentido todos los candidatos que perdieron las elecciones primarias presentaron cartas de renuncia ante el CNE y este organismo, contraviniendo lo establecido en la norma al colocar en el cronograma una fecha distinta a la establecida en la ley. Adicionalmente el TSJ, en una sentencia, estableció que el plazo de los diez días hábiles para realizar ese procedimiento había pasado. La consecuencia más notoria ocurrió en el estado Bolívar, donde quedó en la boleta de votación un candidato que había renunciado y los electores le adjudicaron unos 3.000 votos. Si se hubiesen sumado a Andrés Velásquez este hubiese ganado la gobernación. Adicionalmente ocurrió algo que nunca había pasado en todos estos años: A pesar que las autoridades del CNE se había ufanado de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, por primera vez pudo evidenciarse que hubo manipulación de resultados, ya que el candidato perdedor pudo conseguir las actas de los centros de votación donde estos resultados no coincidían con los publicados por el ente electoral. En ese sentido el candidato consignó la denuncia ante el CNE y este la admitió. Puede, en este caso, evidenciarse la discrecionalidad del ente electoral si lo comparamos con lo que nombramos en cuanto al caso de Amazonas en el 2015 para las elecciones de la Asamblea Nacional, aunque en este caso no fue desproclamado el presunto ganador, si no que admitió que debe investigarse el hecho y aún nos encontramos a la espera de una acción por parte del CNE.

El ahora: Elecciones presidenciales 2018

– Con todo este panorama, ¿Vale la pena ir a un proceso electoral sin garantías y convocado por un órgano inconstitucional como la ANC?

– En la constitución está plenamente estipulado que en este año debe haber elecciones presidenciales, ya que en enero de 2019 debe asumir el cargo el nuevo presidente producto de esas elecciones. La tradición electoral venezolana siempre estableció que se hicieran en diciembre ya que la toma de posesión se realizaba en febrero del siguiente año, por lo menos hasta las elecciones de 1998 dónde ganó Chávez. Después del triunfo de Chávez se cumplió la promesa de la convocatoria a un referéndum para la redacción de una nueva constitución, aprobándose esa constitución, también mediante referéndum en diciembre de 1999. Esa nueva constitución entre sus novedades tiene el paso de un congreso bicameral a una asamblea unicameral, el periodo presidencial pasa de 5 a 6 años, un conjunto de modificaciones lo cual se resolvió con lo que fue llamada la Megaelección.

– La renovación de todos los poderes…

– Lo que se pretendió realizar en un día. Ahí el CNE fracasó, lo cual se resolvió realizando la elección en dos tandas, una en julio y otra en diciembre. En julio se eligió el presidente, luego de eso en las elecciones del 2012, seguramente por razones de salud del presidente Chávez, el CNE decidió como una concesión realizar las elecciones en octubre y no en diciembre. Y por otro lado también se adelantaron las elecciones del 2013 en marzo por la muerte del presidente Chávez. Salvo esas condiciones, lo lógico, lo sano y lo conveniente para cumplir lo que está pautado en la Constitución es que se hicieran las elecciones, si no en diciembre, por lo menos en el último trimestre del año. Suponiendo que ganara un candidato de oposición, el desastre que ocurrirá cuando se realice una elección antes del 30 de abril, que es lo que establece el decreto constituyente, tendríamos desde principio de mayo hasta enero del 2019 un presidente en ejercicio saliente y un presidente electo.

– ¿Cómo ir a un proceso con esas características?

– Nos encontramos en las mismas condiciones que para las elecciones realizadas el año pasado para gobernadores. En las negociaciones que se realizan actualmente en República Dominicana, el gobierno al parecer dice que permitirá que los venezolanos que están en el exterior ejerzan su derecho al voto, que se abra el registro electoral, que se realicen todas las auditorías. Sin embargo si se realizan antes del 30 de abril no hay tiempo para hacer eso y menos si se hace en un tiempo que no permita, por ejemplo, que los venezolanos en el exterior puedan inscribirse o modificar su residencia. Tampoco el CNE ha realizado una campaña llamando a los nuevos electores a que se inscriban, lo cual no es la manera para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer un derecho tan importante como es el derecho al sufragio.

– ¿Qué otra condición sería importante que los ciudadanos pudieran exigir para participar en ese proceso?

– Por supuesto que haya observación internacional y nacional. En mi opinión la última observación internacional seria fue la realizada por la Unión Europea (UE) en las elecciones presidenciales del 2006. En ese proceso la UE vino con por lo menos seis meses de antelación, instaló un equipo de técnicos electorales de aproximadamente 15 personas y para el día de las elecciones montaron una red de por lo menos 1.000 observadores en todo el país. No se trata de estos “acompañantes” que menciona el CNE, que vienen  invitados a título personal sin mayor capacidad de observación, salvo visitar uno que otro centro electoral. De esta fecha a abril no hay posibilidad de montar una observación electoral de calidad.

– Teniendo entonces esa realidad y además con un organismo como la ANC ¿es factible que en el caso que gane un candidato opositor ese organismo pudiera desconocerlo?

– Pasó en el Zulia, con un gobernador electo que al no juramentarse ante la ANC, fue desconocido y el CNE llamó a un nuevo proceso electoral. Si fuese una ANC legítima, la Constitución vigente establece que la tarea de esa ANC es la redacción de una nueva Constitución.

La mirada internacional y la presión ciudadana

– En su opinión si la Unión Europea, el Grupo de Lima y otros desconocen la convocatoria a elecciones por fraudulenta y la oposición gana ¿Reconocerán a ese nuevo Presidente?

– Los países que están en esa posición la asumen en el entendido de que las elecciones están diseñadas para que gane Maduro. Si ocurriera algo distinto esa posición cambiaría. Es un panorama muy oscuro, muy complicado. El hecho que nosotros todavía no sepamos la fecha de las elecciones… Yo quisiera creer, aunque sea a través de una rendijita de esperanza, que de alguna manera es una cosa todavía pudiera ser negociada, que se hace más difícil si se fija ya una fecha. Según parece en esta última ronda de negociaciones el gobierno pareciera, aún muy dispuesto, a aceptar de palabra la mejora de las condiciones, pero sin alterar la fecha,  lo cual conspira contra la mejora de las condiciones. Por un lado decir desde ahora, que las condiciones no están dadas y por lo tanto no participo, bajaría la presión en torno a las propias a las condiciones electorales, ya que la ciudadanía no pudiera presionar en un proceso en el cual ya se ha dicho que no se va a participar.

– Con lo dicho por la comunidad internacional ¿Cuál debería ser la petición de la ciudadanía en este momento?

– En este momento la postura es que hayan elecciones, pero elecciones de calidad, eso que lo digan los partidos políticos, pero también lo diga la ciudadanía. Debemos reivindicar la búsqueda de una solución, pacífica, constitucional, democrática y electoral de la crisis venezolana y eso pasa por no sacar las elecciones del menú, están ahí y son una cosa muy central de la propuesta. Tomar una decisión ahorita de no participar sería anticipado, porque creo que hay seguir presionando nacional e internacionalmente para garantizar mejores condiciones electorales. No creo que el gobierno tenga tal nivel de fortaleza que le pueda despreciar una presión tanto internacional como nacional por unas mejoras en las condiciones electorales, por lo que creo que es una pelea que vale la pena y mucho, darla.

– ¿Cómo pudiera  el ciudadano presionar para que se den esas condiciones?

– Individualmente muy poco, pero a nivel de organizaciones civiles muy activas, las cuales en Venezuela no es nada desdeñable, que se pronuncian, que se manifiestan que hacen pronunciamientos. Una de las condiciones por las que hay presionar y presionar muy fuertemente es que se realicen con el suficiente tiempo, sin sobresaltos y cumpliendo lo que garantice un proceso transparente.

Provea