Oposición venezolana sigue en las calles pese a la represión policial

Ciudadanos y dirigentes opositores de Venezuela salieron a marchar nuevamente este miércoles en diferentes partes del país para expresar su rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro y exigir a las fuerzas de seguridad que cumplan con la Ley.

Las Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estableció desde inicios del mes de abril una agenda de protestas para pedir elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para la entrada de medicamentos e insumos básicos y que se respeten los derechos humanos.

Como en la mayoría de las marchas anteriores, la de este 26 de abril en Caracas tiene como destino final la Defensoría del Pueblo en el centro de la ciudad, lugar al que en las últimas tres semanas no han podido llegar porque las fuerzas policiales se lo han impedido con represión y detenciones.

La diputada Delsa Solórzano destacó durante una rueda de prensa, previa al inicio de las movilizaciones, que el pueblo venezolano va a seguir en las calles hasta hacerse escuchar y que nadie los detendrá. De igual manera exigió al defensor del pueblo, Tarek William Saab que le explique a los ciudadanos y al mundo por qué no ha permitido que los manifestantes lleguen a su despacho.

"La responsabilidad de los funcionarios que hoy portan uniforme, bien militar o bien civil, es cumplir con la ley (...) nosotros vamos a salir a manifestar como siempre y nada nos va a detener", dijo Solórzano.

Asimismo, resaltó que el defensor del pueblo tiene en sus manos la responsabilidad de iniciar un proceso de destitución de siete jueces que hace casi un mes emitieron dos sentencias que representan un "golpe de Estado", debido a que despojaban de sus competencias a la Asamblea Nacional (AN) y limitaban la inmunidad parlamentaria de los diputados.

En relación a esta solicitud de la oposición, Saab ha señalado que su despacho ya dio respuesta y que además, el Consejo Moral Republicano (integrado por el defensor del pueblo, el contralor general, Manuel Galindo, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz) ya descartó por completo la posibilidad de que se declare la "falta grave" de los jueces, tal como fija la Constitución para que el Parlamento pueda iniciar su destitución.

Al respectos, Solórzano aseguró que "no hay una decisión real del Consejo Moral Republicano" y que la AN desconoce si se ha hecho alguna convocatoria formal de este organismo "ni de la participación del contralor, ni de la fiscal general".

Hasta el momento, las manifestaciones antigubernamentales, y algunas pro Gobierno, han dejado un saldo de 26 muertos, más de 400 heridos y más de mil detenidos.