TSE asegura que reducción de deuda política podría traer conflictos legales al Estado

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica aseguró este jueves que la decisión de la Comisión de Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, sobre la reducción de 10 mil 600 millones de colones al presupuesto de 2018 destinado a la deuda política podría traer repercusiones legales al Estado.

Asimismo, la autoridad electoral destaca que esta medida no es viable debido a que las reglas fueron emitidas por los propios diputados y ya la campaña inició de manera oficial.

Este miércoles los diputados de la mencionada comisión legislativa decidieron reducir a la mitad el monto de la deuda política destinada al financiamiento de las elecciones de 2018, esto con el objetivo de atender la emergencia por el paso de la tormenta Nate. Con esta resolución, los partidos políticos solo podrían acceder a 10 mil 637,7 millones de colones, en proporción al número de votos que consigan el próximo 4 de febrero.

“Pasamos 4 años entre una elección presidencial y la otra, tiempo en el que se discuten las reglas y se pueden cambiar. Desde el Tribunal presentamos propuestas para reducir la contribución del Estado a los partidos políticos. Ya no es el momento para ponerse a discutir las reglas”, manifestó Gustavo Román, asesor de la Gestión Política del TSE.

Román señala que de aprobarse esta medida en el plenario de la Asamblea, puede pasar que se establezcan demandas contra el Estado, tanto de partidos políticos como de adquirientes de bonos, ya que podrían encontrar con que no hay dinero para satisfacer esos pagos que ya están establecidos por ley.

Asimismo, aseguró que los diputados tendrían que aprobar un presupuesto extraordinario para cancelar los montos y evitar esas demandas.

Según el asesor del TSE ya hay avaladas emisiones de bonos, que se están colocando por parte de los partidos, así como contratos de fideicomiso con bancos.


En Costa Rica, los candidatos a la presidencia que obtengan en elecciones igual o mayor número de votos correspondientes al 5 % del padrón electoral actual puede solicitar al TSE el reintegro del dinero invertido en campaña.